EL PAIS; 23 de mayo de 2002. Seccion Madrid.
JOSÉ RAMÓN REPULLO Y MARIANO
HERNÁNDEZ
José Ramón Repullo Labrador
es presidente de la Asociación Madrileña
de Administración Sanitaria. Mariano Hernández
Monsalve es presidente de la Asociación Española
de Neuropsiquiatría-Profesionales de Salud Mental.
Los colegios de médicos son instituciones
que provienen de un modelo decimonónico de práctica
liberal de la medicina, en el cual recibieron de los poderes
públicos una importante responsabilidad delegada
para la regulación de su propio colectivo profesional,
que incluía la capacidad de sanción a través
de la vía deontológica. El siglo XX ha supuesto
cambios radicales en la medicina, y también la
aparición de sistemas sanitarios públicos,
en los cuales el Estado actúa como propietario
y gestor de centros y servicios, siendo el principal contratador
de médicos. La moderna medicina exige redes de
servicios, especialización y participación
de distintas profesiones. La excelencia en la práctica
clínica hoy implica cooperación y orientación
a los procesos y pacientes.
Este dinamismo de la medicina y de los sistemas sanitarios
no ha sido seguido por las organizaciones colegiales,
especialmente en España, aunque ha habido y está
habiendo meritorios intentos por mover las obsoletas estructuras
hacia la modernidad. Sin embargo, el cuadro que presentan
muchos colegios parece ser desalentador: estos colegios
se han enquistado en estructuras gremiales miopes, más
atentas a la defensa corporativa que a las responsabilidades
de promover el avance de la medicina y de los sistemas
sanitarios.
Esto permite que de pronto surjan problemas de difícil
explicación a la sociedad, como el reciente caso
ocurrido en el Colegio de Médicos de Madrid, en
el cual se plantea sancionar con hasta un año de
suspensión de colegiación a dos médicos
por decisiones de carácter organizativo (y no clínico).
Este caso puede ser ilustrativo de un uso inapropiado
y desproporcionado de dicha facultad sancionadora.
Los hechos son en esencia sencillos: en un centro de salud
mental del Área Sanitaria 3 de Madrid existe un
equipo especializado en salud mental infanto-juvenil con
un médico-psiquiatra y un psicólogo clínico.
A la hora de organizar las vacaciones reglamentarias,
por parte de los responsables del servicio se prefiere
evitar que ambos se vayan de vacaciones a la vez, para
que al menos alguien de la unidad pueda dar continuidad
al contacto con los pacientes atendidos (evitando el cierre
completo de la unidad). Hay que señalar que durante
las vacaciones el centro de salud garantiza la existencia
de psiquiatras en todo momento en el propio centro, por
lo cual, para aquellas funciones que un psicólogo
no esté facultado (por ejemplo, recetas o valoración
clínico-médica) siempre existen facultativos
psiquiatras que pueden actuar.
Esta decisión de garantizar que no se vayan a la
vez los dos miembros de la unidad tiene carácter
organizativo y se toma en beneficio de los pacientes.
Sin embargo, puede ser que suponga una restricción
o molestia al médico-psiquiatra, que pasa a tener
que acoplar sus turnos a los de su compañero psicólogo
clínico. Y con seguridad le asisten derechos para
protestar y recurrir dicha decisión administrativa
(por más que la racionalidad de dicha protesta
pueda parecer a priori muy endeble). Sin embargo, y esto
es lo insólito, se busca en el Colegio de Médicos
de Madrid el amparo ante dicha decisión administrativa,
y éste activa la vía deontológica
para abrir expediente a los dos responsables que avalaron
este sistema de turnos de vacaciones: el psiquiatra responsable
del área y el gerente de atención especializada
del área (dado que es médico, porque si
no lo fuera no podría actuarse sobre él
en vía deontológica).
'Están más atentos a la defensa
corporativa que a promover el avance de la medicina'
Es difícil saber por qué
el Colegio de Madrid decide actuar con este celo en un
tema tan abiertamente ajeno a los problemas de mala praxis,
celo que no parece ser habitual en tantos casos de profesionales
cuya práctica clínica (no es necesario recordar
los temas que recientemente han salido en los medios sobre
la sanidad privada en Madrid) se aleja del cientifismo
y se aproxima peligrosamente al chamanismo. Quizás
este particular interés venga de un conflicto de
límites profesionales que lleva a un grupo de psiquiatras
a intentar limitar el espacio de desarrollo profesional
de los psicólogos clínicos.
Por supuesto que toda pugna por límites profesionales
parte de una retórica de garantías al paciente,
pero en la práctica sabemos que detrás de
este tipo de proclamas también pueden existir importantes
elementos de defensa gremial, que fundamentalmente parten
de una incomprensión de la interdependencia y las
ganancias que para el enfermo supone la cooperación
y colaboración entre profesionales.
Sin entrar en esta falsa polémica psiquiatras-psicólogos,
lo verdaderamente sorprendente es que el Colegio de Madrid
actúe en resonancia, y utilice la vía deontológica
para castigar en las carnes de dos colegiados el presunto
pecado que corresponde a las autoridades administrativas.
El Estado de derecho ofrece vías para que se impugnen
o recurran estas decisiones ante los órganos judiciales
correspondientes (laboral y contencioso-administrativo).
Pero parece que es más fácil y cómodo
usar una vía en la que se puede ser a la vez juez
y parte.
Pero al usar esta vía fácil es inevitable
cometer una clara extralimitación de las funciones
para las cuales se estableció la vía deontológica.
Si la razón de la posible sanción es evitar
el 'intrusismo' profesional, se está de hecho haciendo
un 'intrusismo' en facultades administrativas de organización
de servicios que corresponden a los poderes públicos.
Además, se hace un daño a las personas absolutamente
injusto y desproporcionado; se ataca al débil (los
responsables médicos a título individual)
para no enfrentarse a la organización (Consejería
de Sanidad como entidad responsable de las decisiones),
importando en este caso poco que sean también colegiados
que merecen amparo y consideración de su propio
colegio.Además, cuando preocupa mucho más
el hipotético 'intrusismo' en funciones médicas
que la necesidad de continuidad asistencial en el programa
infanto-juvenil, es difícil no acabar pensando
que el bienestar del paciente es un valor secundario frente
a la defensa gremial.
Y si tanto preocupa el posible riesgo de la salud psíquica
de los niños durante las vacaciones de un facultativo,
posiblemente el colegio de médicos debería
poder exhibir un perfil corporativo mínimamente
reivindicativo ante las autoridades autonómicas
para el desarrollo de la red de salud mental y sus servicios
psiquiátricos, habida cuenta los problemas reales
de sobrecarga y escasos medios que se acumulan desde hace
años en estos servicios, y que entre otras cosas
obliga a gestionar de la mejor forma posible las sustituciones
en un contexto de restricciones de personal notables;
sin embargo, solamente parece haber silencios clamorosos
a este respecto.
Y por último, pero no menos importante, se desacredita
a la propia organización colegial que usa estas
vías, modos y maneras para administrar una competencia
sancionadora que le ha sido delegada por el Estado.
Cuando los colegios de médicos se quejan amargamente
de las iniciativas autonómicas para liberar de
la obligatoriedad de colegiación a aquellos médicos
que trabajan solamente como empleados públicos,
deberían reflexionar no sólo de las responsabilidades
ajenas, sino también de las propias: ser organizaciones
de derecho público no sólo da derechos,
sino que también da importantes obligaciones. Con
esta práctica arbitraria e insólita del
Colegio de Médicos de Madrid se ayuda bien poco
a defender dichos argumentos de obligatoriedad. También
se obstaculizan los esfuerzos renovadores de otros colegios
que están intentando actualizar sus organizaciones
y darles una mayor proyección social.
Y, finalmente, se presta un flaco favor a todos aquellos
que creen que los colegios de médicos (con obligatoriedad
de colegiación o sin ella), pueden y deben jugar
un importante papel en la modernización científica,
la profundización en la dimensión ética,
la mejora de la imagen profesional y el verdadero cumplimiento
de los compromisos del juramento hipocrático.
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