Un año más, este diez de octubre, celebraremos el Día Mundial de la Salud Mental. Bajo el lema “Salud mental y bienestar, una prioridad global” podemos volver a recordar que la atención a los problemas de salud mental requiere respuestas técnicas y sociales eficaces, servicios suficientemente dotados y capaces de cubrir las necesidades realmente existentes, y las correspondientes partidas presupuestarias que lo hagan posible.

El Día Mundial de la Salud Mental también es un buen momento para dar visibilidad a las personas más gravemente afectadas. Aquellas que sufren un trastorno mental grave y un severo deterioro psicosocial. Personas que en demasiadas ocasiones están en riesgo de exclusión. Personas un tanto olvidadas por propios y extraños. Personas que, en demasía, se les ofrece como alternativa a su situación las unidades de larga estancia. La Rehabilitación Psicosocial ha de ser, para ellas, una alternativa de integración socio-comunitaria, un dique de contención a la institucionalización.

Este Día Mundial de la Salud Mental es atípico, pues la vida se ha enrarecido y complicado por un virus que nadie le esperaba y llegó. Nadie le había invitado y, con descaro, entró en nuestras ciudades, en nuestras casas, en nuestra vida. Desearíamos que todo lo que trajo consigo no hubiese pasado pero pasó, y lo peor es que sigue pasando. Una cosa son nuestros deseos, nuestro sentimientos, nuestras querencias y otra la realidad. Hoy, inevitablemente nuestra realidad, y por tanto también la de las personas que sufren trastornos mentales graves está irremediablemente mediatizada por la pandemia. No hay opción, nos guste o no, es la vida que a toda la ciudadanía, y por tanto también a las personas que sufren trastornos mentales graves, nos ha tocado vivir.

Ignorarla es de insensatos. De necios, pretender suavizarla o aminorar su impacto no hablando de ella, minimizándola o decretando que forma parte del pasado. Como tantas veces, el relato no cambia la realidad, si acaso, la disimulada un tanto. Con independencia del discurso, la verdad de la pandemia sigue ahí, tozuda, incordiante, tantas veces trágica. Por eso, quienes nos dedicamos a la rehabilitación psicosocial debemos mirarla de frente pues ha condicionado, y condiciona mucho, nuestro que hacer. Todos nos hemos dado cuenta de que una situación como esta nos deja interrogantes, nos siembra dudas y, aunque parezca mentira, también nos puede abrir posibilidades de crecimiento y mejora. Posibilidades que en resumen se podrían concretar en: mejoras organizativas, reajustes y actualizaciones metodológicas, fortalecimiento del trabajo en equipo, incorporación de las nuevas tecnologías al funcionamiento general de los recursos, revalorización de las coordinaciones, y refuerzo y centralidad de los componentes estructurales de la rehabilitación psicosocial.

Interrogantes, dudas y mejoras se nos hacen evidentes al comenzar nuestro trabajo diario recordando, como siempre hacemos, que una de las máximas de la rehabilitación psicosocial es la adaptación de nuestras intervenciones, de nuestras metodologías, de nuestros recursos y de nuestros sistemas organizativos a la realidad de las personas que atendemos y del contexto (social, cultural, normativo, familiar…) en el que a diario se desenvuelven. Me pregunto, si no es cierto que algunas veces, y sobre todo en una situación como esta, la realidad y el contexto no entran en flagrante contradicción con algunas necesidades y muchos deseos de las personas que sufren un trastorno mental grave. ¿Pero eso no es lo que le está pasando a cualquier persona? Como profesionales, ¿no cometeríamos u error categorial si nos centrásemos sólo en las necesidades y los deseos, ignorando, o subordinando a ellos, la realidad y el contexto por desagradables que sean?

No es cierto que a veces tenemos la tentación de reorientar la labor rehabilitadora en función de nuestra ideología, o de la sociedad que cada cual tiene en su cabeza seguros de que es la mejor de las posibles. Menos mal que solo es una tentación. Si no fuese así, probablemente, o no ayudaríamos a las personas que atendemos, o, lo que es peor, las perjudicaríamos. Sabemos que, mayormente, a rehabilitación llegan personas con dificultades de adaptación social, con dificultades de integración comunitaria. ¿Qué pasaría si no ajustásemos nuestras intervenciones a las circunstancias imperantes, por penosas que sean? ¿Qué pasaría si no ajustásemos nuestras intervenciones a la sociedad tal y como la sociedad es por poco que nos guste? La verdad es que las circunstancias son las que son y la sociedad es la que es. De nada serviría darles la espalda, o crear una realidad paralela. Esto traería consigo, a las personas que atendemos, desarraigo, inhabilidad psicosocial y aislamiento, en soledad, o casi lo que es peor en un gueto.

No son buenos los tiempos que corren, ni para las personas que acuden a rehabilitación ni para nadie. Pero unos y otros tenemos que aprender a navegar en medio de esta marejada intentando que las olas no nos hundan el barco. Ahí, tenemos los y las profesionales una importante labor y una oportunidad para rehabilitar déficits, que ya venían de antes y corren el riesgo de incrementarse, y para afianzar y fortalecer capacidades más necesaria que nunca ante contingencias novedosas, complicadas, imprevisibles, cambiantes y problematizadoras que nos ha traído el Covid.

No sé si acertaríamos intentando apartar, de un modo u otro, a estas personas de lo que está aconteciendo en las casas, en las calles, en los recursos comunitarios. Tal vez lo que toca es ayudarles a con-vivir con ésta situación. Situación que impone restricciones molestas, normas engorrosas, estilos de vida ortopédicos, relaciones sociales adulteradas, utilización condicionada de recursos, etc., etc. La rehabilitación en tiempos de pandemia consiste en favorecer que las personas atendidas puedan moverse, con la suficiente competencia, en una realidad así. Excepciones claro que tendrá que haber, pero no pueden convertirse en norma. Uno de los objetivos más importantes en rehabilitación, es conseguir que quienes tienen problemas psiquiátricos y deterioro psicosocial estén donde todos estamos, y vivan, de la forma más autónoma posible, lo que a todos nos está tocando vivir. Apartarles de este propósito, tratar de eximirles de obligaciones, normas e incertidumbres, puede que sea sobreprotegerlos. Habría que pensar si es correcto fomentar esta suerte de amparo paternalista frente a lo más duro de la pandemia en la creencia de que ellos no pueden, como podemos nosotros, ni afrontar ni soportar una situación así, ni tampoco pueden, desde los recursos de rehabilitación, aprender a hacerlo.

Tendríamos que reflexionar si este bien intencionado amparo, no lleva implícita una cierta creencia en sus pocas posibilidades, en que no es factible, o conveniente, cuando la situación es muy aversiva, que fomentemos, aunque sea con cautela y buen criterio técnico, su autonomía y normalización. La reflexión debería cerrarse preguntándonos si coger este camino, implícitamente, no fomenta una suerte de estigmatización amable o una forma amable de estigmatizar.

Juan Fernández Blanco

Para este otoño 2020 , vamos a realizar una formación en Rehabilitación e Integración Laboral de personas con Trastorno Mental Grave, gratuita para las personas asociadas. Nos enorgullece informar que para la edición de Octubre 2020 se han cubierto todas las plazas.

La gran novedad que tiene esta edición es el formato Online que hemos puesto en marcha. Esto ha supuesto un reto y pone en valor la capacidad de adaptacion y flexibilidad, tan importante en este momento.

Este formato ONLINE permitirá:

• Realizar la formación en un lugar propio y/o privado, sin necesidad de acudir a un centro formativo de forma presencial, evitando los riesgos para la salud presentes en el momento actual.
• Flexibilidad horaria.
• Disponibilidad del material de formación para utilizar en base a las necesidades de organización personal.
• Interacción con docentes y el resto de alumnado a través de diferentes espacios, tanto directos como indirectos.
• Atención continuada para resolver dudas, y compartir análisis y reflexiones.

Con este método formativo ofrecemos a las alumnas y alumnos :

• Conferencias grabadas de los/as formadoras con los contenidos de esta actividad formativa.
• Material audiovisual, textos y páginas web vinculadas a la rehabilitación laboral con los que ampliar los contenidos o trabajarlos de forma práctica.
• Un foro de comunicación constante, en la que los/as docentes realizarán propuestas de reflexión conjunta con el alumnado. 
• Un espacio de comunicación directa por videoconferencia semanal.

Sin duda, una oportunidad para las personas participantes de actualizar e incorporar claves y principios básicos en Rehabilitación e Integración Laboral.

Para ver el programa completo pincha aquí.

Desde la ratificación por España de la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad (CDPD) han sido numerosas las adaptaciones legislativas en los ámbitos de la protección de la salud, la educación, el empleo, la lucha contra la discriminación, etc. que ha sido necesario llevar a cabo en nuestro ordenamiento jurídico.

Este trabajo tuvo su principal expresión en la aprobación de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la CDPD, pero en aquel momento el gobierno dejó pendiente de regular el alcance y la interpretación del complejo artículo 12 que reconoce la igualdad de las personas con discapacidad ante la ley. El compromiso adquirido entonces de reemplazar en el plazo de un año el actual modelo de sustitución, por un modelo de apoyo para la toma de las decisiones, respetando la autonomía, voluntad y preferencias de la persona, se fue demorando hasta octubre de 2018, cuando se presentó el esperado anteproyecto de reforma legislativa, cuya aprobación para su tramitación parlamentaria, presentación de enmiendas y debate hasta su aprobación definitiva, fue anunciada en el Consejo de Ministros del pasado 7 de julio.

El proyecto presentado de manera conjunta por los Ministerios de Justicia y de Derechos Sociales y Agenda 2030, propone modificaciones en numerosas leyes como la de Enjuiciamiento Civil, de Protección Patrimonial, de la Normativa Tributaria, Hipotecaria, del Notariado, del Registro Civil y de la Jurisdicción Voluntaria, aunque lo más destacado sea la reforma del Código Civil en lo que respecta a las medidas de protección. Ha sido elaborado por la Comisión General de Codificación mediante el procedimiento de consulta pública a las personas afectadas, asociaciones e instituciones representativas del ámbito de la discapacidad que pudieron aportar sus propuestas al borrador y recibió el dictamen favorable del Consejo de Estado en enero de 2019.

El anteproyecto de ley apuesta por la no judicialización de los procedimientos desapareciendo para los adultos la tutela y la patria potestad prorrogada o restituida por lo que, atendiendo a que han sido las figuras que han predominado hasta el momento, la situación de la mayoría de las personas con la capacidad de obrar modificada debe cambiar pasando de ser representadas en el ejercicio de sus derechos a ser apoyadas para el mismo.

Señala la preferencia por las medidas de apoyo que la propia persona pueda establecer de manera preventiva, en la línea de las voluntades anticipadas que sin duda alguna es imprescindible promover e implantar. Refuerza los apoyos naturales e informales como la Guarda de hecho. Describe un escenario de apoyos gradual que va desde las situaciones puntuales, aunque puedan ser reiteradas, para las que propone la figura del Defensor Judicial, hasta la Curatela para quien precise los apoyos de manera continuada.

Aquellos procedimientos de incapacitación o modificación de la capacidad de obrar, que hemos observado desde nuestro ámbito profesional, promovidos desde actitudes sobreprotectoras, derivados de preocupaciones de los familiares ante riesgos potenciales, que se resolvieron atendiendo a la “causa” pero sin “motivo”, según refiere en su trabajo el fiscal Santos Urbaneja , deberán ser resueltos en caso de necesidad, según el anteproyecto, con la intervención puntual del Defensor Judicial.

Asimismo, incide en la revisión periódica de las medidas que se establezcan y propone para hacerlo un plazo no superior a tres años por lo que la situación de las personas con la capacidad de obrar modificada en las sentencias dictadas hasta la fecha deberá reconsiderarse, en base a la reforma que finalmente sea aprobada, para establecer el tipo de apoyo que cada una precise en función de la situación en la que se encuentre. En el momento actual esta revisión ha sido muy excepcional, por lo que las medidas se han mantenido prácticamente de por vida, aunque se hubieran producido cambios, derivados de la evolución de los procesos personales y/o de las circunstancias del contexto que, en algún momento, las hicieran desproporcionadas o innecesarias.

Para afrontar los cambios con las debidas garantías, es imprescindible avanzar el trabajo en el desarrollo de las alternativas que deben ir acompañado de una planificación y refuerzo de los recursos humanos y técnicos, para dar los apoyos necesarios con la rapidez que se requiere en las diferentes circunstancias.  Es importante señalar la dificultad para hacer esta planificación cuando se desconoce la cifra total de personas cuya situación debe ser revisada.

Será preciso observar cambios en el ejercicio de las curatelas, en lo referido al respeto de la voluntad y preferencias de la persona frente al criterio del mejor interés que ha regido hasta el momento actual, de nuevo la importancia de conocer y documentar las voluntades y preferencias de las personas en los diferentes ámbitos. Según señala García Rubio, catedrática de Derecho Civil, miembro de la Comisión de Codificación que ha participado en la elaboración del anteproyecto, es importante incidir en que la capacidad de tomar decisiones va acompañada de la asunción de la responsabilidad sobre sus consecuencias. Considera también que la prioridad de la voluntad de la persona incluye el derecho a rechazar los apoyos, pero éste no se encuentra de manera explícita recogido en el texto, por lo que esta importante cuestión queda pendiente para la tramitación parlamentaria. El objetivo es lograr que las personas cuenten, cuando lo precisen, con figuras de apoyo y medidas de protección individualizadas para la toma de decisiones, sin que éstas supongan restricción alguna de sus derechos. Este aspecto ha dado lugar a algunas controversias y en función de quién lo valore, puede considerarse, imprescindible para alcanzar la exigencia de la CDPD o que puede dejar expuestas a graves riesgos a algunas personas.

Si las funciones representativas quedan limitadas a los casos más graves y se establecen en sentencia de manera precisa, respondiendo a las circunstancias particulares de cada persona, no deberían ser sistemáticas o estandarizadas. Por esta razón sería importante llevar a cabo un seguimiento del impacto de la reforma y del análisis de las medidas restrictivas que se dicten para poder garantizar la individualización de los procedimientos. La atención directa a la persona en su entorno próximo permite conocer las capacidades y necesidades, los apoyos naturales con los que cuenta, así como los cambios que se producen en el contexto. La información psicosocial que puede proporcionarse desde los recursos de atención cobra una gran importancia en el momento de establecer los apoyos y en la revisión periódica de las medidas para ajustarlas a las estrictamente necesarias durante el tiempo que resulte imprescindible.

El cambio de modelo que señala la CDPD implica el abandono de actitudes paternalistas, también de los profesionales de la atención y del ámbito de la justicia. Es necesario seguir el trámite parlamentario que se ha iniciado, atender al interesante debate que se produzca e intensificar el trabajo de sensibilización ya que la reforma legislativa tiene que ir acompañada de un cambio en la mentalidad de la sociedad.

Mar Hernández